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¿Cómo ha transformado el Coronavirus a las telecomunicaciones?

La pandemia del COVID-19 ha supuesto un replanteamiento de las prácticas sociales y sistemas productivos que hasta hace pocos meses dábamos por normales. Las telecomunicaciones se han transformado en un servicio más que esencial durante la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.

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Esta tecnología nos permite estar al tanto minuto a minuto del avance de la pandemia, contactarnos a distancia con seres queridos, trabajar desde nuestras casas, hacer más llevadera la cuarentena con innumerables ofertas de ocio, e incluso desarrollar aplicaciones de todo tipo para combatir la propia propagación del virus.

Nuevos escenarios

Todo ha cambiado: Mas del cincuenta por ciento de la población no está asistiendo a sus lugares de trabajo habituales, hemos suspendido los encuentros sociales con familiares y amigos, y nuestros hijos ya no asisten a las aulas para educarse. Pese a ello, buena parte de la población ha podido continuar con sus tareas de trabajo, ha logrado mantener el contacto con sus seres queridos, y ha podido aprovechar las plataformas online para que las actividades educativas no se interrumpan.

También la población ha podido entretenerse durante el confinamiento a través de la creciente oferta de servicios audiovisuales disponibles en streaming. Todo ello hubiese sido imposible años atrás, y es prueba del notable avance que han tenido las telecomunicaciones, y como nos están ayudando a mantener el sistema social y productivo en funcionamiento.

Naturalmente, las redes de telecomunicaciones están siendo afectadas por el aumento exponencial del tráfico, motivado por el incremento del teletrabajo y de videoconferencias durante estos meses de confinamiento. Sin embargo, es importante recalcar que las redes latinoamericanas vienen resistiendo este desafío con éxito, acomodando los incrementos de tráfico y preservando niveles de calidad adecuados.

En el escenario post-pandémico, la digitalización seguirá siendo tan crucial como ahora. En la “nueva normalidad”, esperamos poder salir y retomar encuentros con allegados, pero manteniendo distanciamiento social y evitando aglomeraciones. Podremos volver paulatinamente a los lugares de trabajo, pero seguiremos teletrabajando más que antes. Nuestros hijos podrán volver gradualmente a las aulas, pero ello será combinado con mayor actividad educativa online. En definitiva, seguiremos utilizando a las telecomunicaciones más que antes.

Una vez salgamos de la emergencia actual, resulta evidente que América Latina tiene pendiente avanzar en el cierre de la brecha digital. Estimaciones para el 2020 apuntan a una penetración de internet en la región del 79%. Esa cifra, si bien es destacable y recoge grandes avances recientes, implica también que un 21% de la población se enfrenta a una marginalización implícita.

Es decir, hay una porción importante de habitantes impedida de teletrabajar, de acceder a información sanitaria, de descargar contenidos educativos, o de adquirir bienes a través de internet, y que, por lo tanto, no está pudiendo mitigar los efectos negativos del confinamiento. Existe un desafío para la región acerca de cómo crear las condiciones de entorno adecuadas que permitan estimular las inversiones necesarias y las políticas públicas para cerrar esa brecha.

teletrabajo videoconferencia

En este contexto, cabe mencionar que la industria de las telecomunicaciones viene atravesando una coyuntura compleja, que combina crecientes requerimientos de inversiones con niveles de ingresos por usuario decrecientes, como se puede ver en la siguiente figura.

El ingreso promedio por usuario móvil, ya bajo en relación con niveles de economías avanzadas, ha estado disminuyendo desde el cuarto trimestre del 2017. Aun en el contexto de esta tendencia, la industria ha aumentado su nivel de inversión de capital para impulsar el desarrollo tecnológico y la cobertura de las redes. Sin embargo, América Latina todavía registra niveles de inversión por habitante que están por debajo de los países de la OCDE, y pese a que esa distancia se ha ido acortando, se requiere de un mayor impulso para que la región pueda contar con niveles de conectividad similares a los de los países más avanzados. Prueba de ello son las estimaciones de inversiones para desplegar 5G en la región entre 15% y 20%, dependiendo del país, las licencias y los escenarios de despliegue.

La sostenibilidad de las inversiones, que ya se veía amenazada por las complejidades del entorno, puede verse más comprometida aún en contextos como el actual. Recientemente, un informe de Fitch Ratings sobre las telecomunicaciones en América Latina arrojaba pronósticos preocupantes a raíz de esta situación, prediciendo que las operadoras podrían recortar inversiones hasta un 30% para mitigar los problemas de flujo de caja causados por la pandemia. Al verse comprometida la liquidez y las posibilidades financieras de las empresas, podría verse perjudicado el objetivo de aumentar los niveles de inversión, y, por tanto, de cerrar la brecha digital.

Tales medidas, que indudablemente son favorables para los segmentos más vulnerables de la población, deberían ser llevadas a cabo mediante mecanismos que eviten poner en riesgo la liquidez del sector y sus planes de inversión. Una opción es plantear la provisión de subsidios focalizados en los segmentos de población más vulnerables, destinados a que éstos puedan mantener sus servicios en estas circunstancias. Este tipo de medidas, por otra parte, deberán implementarse de manera ágil y transparente, para que sus destinatarios puedan disponer las ayudas en tiempo y forma.

En conclusión, siendo la infraestructura digital un componente fundamental para la resiliencia económica, el cierre de la brecha de conectividad requerirá que las condiciones de entorno acompañen a ese proceso, y para ello será necesario promover la acción conjunta de gobiernos, reguladores y operadores como aliados estratégicos para conseguir el objetivo. De lograrlo, ante futuras emergencias como la actual, la región podrá minimizar con éxito los efectos dañinos de las mismas.

Lecciones aprendidas: mensajes clave y propuestas para avanzar

1. Las tecnologías digitales no son el objetivo sino el instrumento para reactivar economías. Los gobiernos locales y regionales deben tener en cuenta que las tecnologías digitales son solo un instrumento y no un fin en sí mismas. El objetivo de la tecnología es que se pueda usar para ayudar a reducir las desigualdades en la sociedad. Además de que permiten reducir el riesgo de propagación del virus y facilitar el acceso a los servicios públicos durante la crisis. En este sentido, la tecnología debería ser vista como un facilitador que permita a todos los interesados colaborar en la lucha contra la desigualdad y la COVID-19 y que no se debería tener que infringir los derechos digitales de los ciudadanos al hacerlo. Ha agilizado la instalación masiva del Gobierno 2.0.

2. La COVID-19: una oportunidad para impulsar los esfuerzos encaminados a reducir la brecha digital. La digitalización es una tendencia creciente y duradera, con una agenda transformadora que nos acercará y nos separará aún más. Las respuestas a la COVID-19 destacan la importancia que tiene la tecnología digital en el fomento de sociedades inclusivas y justas. También ha sacado a la luz que la brecha digital ya no es un tema sin más, sino algo que afecta el acceso de las personas a las oportunidades y la inclusión en sus comunidades.

red telecomunicaciones

Para cerrar la brecha digital, los gobiernos locales y regionales deben comprender adecuadamente las brechas y necesidades de sus comunidades a través de los datos. Además de abordar las necesidades de las comunidades, cerrar la brecha digital también significa garantizar que la tecnología no sea discriminatoria y sea accesible para todas las personas de la comunidad; incluyendo el acceso a internet, los dispositivos y la información. La inclusión social es un imperativo y dictará el futuro de la equidad en las ciudades, trabajo y educación. Las tecnologías digitales no deben dejar a nadie ni a ningún territorio atrás ni ampliar las desigualdades existentes, especialmente en el Sur global.

3. Las tecnologías digitales hacen posible que los gobiernos locales y regionales mantengan la provisión de servicios básicos y canales de comunicación abiertos. Los gobiernos locales y regionales deben seguir brindando servicios a la población, particularmente aquellos que han sido más afectados por la COVID19 (como la salud, la educación, la cohesión social y la cultura). En este contexto, los GLR deben utilizar la tecnología en sus varias dimensiones, también ofreciendo infraestructura digital (servicios de internet, wi-fi), plataformas y servicios virtuales y dispositivos físicos. Está claro que los gobiernos locales y regionales necesitan concebir de manera amplia las tecnologías, que van desde soluciones de alta tecnología a soluciones más simples y de baja tecnología. Para acercar la Administración Pública local y los servicios públicos a los ciudadanos, así como para facilitar la comunicación en todas las direcciones, los gobiernos locales y regionales deben impulsar la digitalización de manera abierta y holística en todas sus estructuras y procesos internos y externos.

4. Los derechos humanos son parte integrante de la respuesta de salud pública a la crisis y a la digitalización. Los derechos humanos deben ser parte integral de cualquier respuesta digital durante la crisis de la COVID-19 y más allá. Deben estar protegidos en línea y fuera de línea y los ciudadanos deben sentirse seguros tanto en el mundo real como en el virtual. Los derechos digitales, incluidos el acceso a internet asequible y accesible, la privacidad de los datos, la información accesible y precisa, y los estándares digitales abiertos, transparentes y éticos, deberían ser la norma, incluso en tiempos de crisis. Los participantes de la sesión destacaron que los derechos humanos deben integrarse en cualquier respuesta social o de salud pública a la crisis y que, al utilizar la tecnología, las autoridades deben esforzarse por ser lo más abiertas y transparentes posible. En este contexto, se hizo hincapié en que los datos deberían considerarse un bien público y que el acceso a la información es clave para evitar la propagación del virus.

5. Para cerrar la brecha digital deben mantenerse más allá del brote para impulsar y consolidar el cambio estructural. Todos los sectores de la sociedad tienen la función de garantizar que no dejemos a nadie y ningún territorio atrás. En la respuesta actual y posterior a la COVID-19, será esencial que los gobiernos locales y regionales fomenten partenariados innovadores con la sociedad civil y el sector privado para abordar y cerrar progresivamente la brecha digital. Es través de estos partenariados que podemos aprender de esta crisis y hacer que el acceso a la tecnología sea la nueva normalidad.

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